En los últimos cuatro años, Ecuador ha vivido un deterioro sostenido en materia de seguridad ciudadana que ha trascendido de ser una preocupación localizada a convertirse en un desafío de alcance nacional. La percepción de seguridad que predominaba en la década anterior ha dado paso a una realidad marcada por un aumento significativo de los homicidios, conflictos entre grupos criminales y un impacto profundo en la vida de hogares, empresas y comunidades en todo el país.

Los datos oficiales del Ministerio del Interior muestran que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 6.797 homicidios a nivel nacional, una cifra históricamente alta que representa un crecimiento sustancial frente al año anterior. Esto se interpreta como una continuación del incremento que ya venía observándose desde 2021 y que ha llevado a que la violencia alcance niveles preocupantes en gran parte del territorio ecuatoriano.
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Este aumento no es uniforme, sino que se concentra en regiones claves: Guayaquil y Durán en la provincia de Guayas han sido algunos de los epicentros más afectados, aunque otros cantones como Manta, Portoviejo, Machala, Quito y Esmeraldas también muestran cifras alarmantes. En conjunto, alrededor del 72% de los cantones del país han reportado muertes violentas en 2025, lo que indica que la crisis no es un fenómeno aislado sino generalizado.
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El alza en los homicidios también se ha manifestado en aumentos interanuales cada vez más marcados: por ejemplo, durante los primeros cuatro meses de 2025 se contabilizaron 3.087 muertes violentas, un 58% más que en el mismo periodo de 2024, según cifras oficiales.
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A nivel histórico, la tasa de homicidios en Ecuador ha experimentado un crecimiento exponencial. Entre 2018 y 2022, la tasa por cada 100.000 habitantes se cuadruplicó, alcanzando cerca de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2022, y para 2023 llegó a niveles cercanos a 46, ubicando al país entre los más violentos de América Latina.
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Varios factores explican este fenómeno. La penetración de organizaciones criminales transnacionales y la expansión de rutas de narcotráfico han exacerbado la violencia territorial entre bandas, generando disputas sangrientas que impactan directamente en ciudadanos ajenos a estas estructuras. Asimismo, el fenómeno de extorsión, secuestro y otros delitos asociados al crimen organizado ha incrementado, afectando la percepción de seguridad y la calidad de vida en barrios urbanos y zonas periféricas por igual.
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Este contexto de violencia ha obligado al Estado ecuatoriano y a las fuerzas de seguridad a implementar medidas extraordinarias, incluyendo la declaración de estados de emergencia en varias provincias, despliegue militar y estrategias legales más estrictas contra organizaciones criminales. A pesar de estos esfuerzos, los desafíos persisten y la cooperación entre instituciones públicas, privadas y la sociedad civil se vuelve cada vez más crucial para enfrentar esta compleja realidad.

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